La democracia y la atimía.
La Democracia es la conquista de los derechos individuales de cada ciudadano del Estado. Una vez alcanzado un derecho, éste ha de sobrevivir en pugna directa con una obligación; es decir, el derecho individual se mantiene siempre y cuando el ciudadano cumpla con las obligaciones derivadas de la conservación de dicho derecho. Por eso, en todo Estado democrático real, el ciudadano debe participar de forma activa en la vida política, entendiendo esta actividad como el ejercicio digno y responsable de las obligaciones inherentes a la condición ciudadana.
Uno de esos derechos, en nuestra aparente Democracia, tiene que ver con la Educación reglada. Así se recoge en nuestra Constitución de 1978 en su Artículo 27: “Todos tienen el derecho a la educación” y además “La enseñanza básica es obligatoria y gratuita”. De esta forma es el Estado el que debe garantizar que todo ciudadano tenga el derecho de recibir una educación de calidad de carácter público y de coste gratuito. Por lo tanto, el Estado adquiere el compromiso de facilitar este derecho a su ciudadanía. Ahora bien, ¿cuál es la obligación inherente a este derecho que contrae el ciudadano en la Educación Secundaria Obligatoria? El alumno, como ciudadano, contrae obligaciones: debe aprovechar el puesto escolar que se pone a su disposición. La realidad del sistema educativo español en esta etapa tan significativa dista mucho de cumplir con esa obligación: uno de cada cuatro estudiantes no consigue culminar con éxito este último tramo de la educación obligatoria. El fracaso escolar en España se ha vuelto endémico.
Sin embargo, ¿qué consecuencias directas tiene para el alumno-ciudadano el incumplimiento de sus obligaciones democráticas? Ninguna. Año tras años, y para evitar la frustración y la desmotivación, innumerables alumnos con incontables materias pendientes promocionan por imperativo legal[1]… ¿Qué tipo de lección democrática es ésta? ¿Es así, sin responsabilidades, como pretendemos educar al ciudadano?
Un Estado realmente democrático debe garantizar a su ciudadanía el derecho fundamental a una educación pública, gratuita y de calidad; pero también debe garantizar que el ciudadano cumple con la obligación derivada de la conservación de dicho derecho. Por eso, todo alumno, en un Estado realmente democrático, debe aprovechar de forma efectiva ese puesto escolar. De forma contraria, el alumno-ciudadano sufrirá la pena de la Atimía; dicho con otras palabras, el alumno sufrirá la pérdida de los derechos ciudadanos: esto es, la pérdida del derecho a recibir una educación pública, gratuita y de calidad. Llegado el caso, el Estado transferirá a los padres o tutores legales de ese ciudadano-alumno la responsabilidad de sufragar los gastos derivados de la educación de su tutelado, bien en régimen público o bien en régimen privado[2].
Ésta es la única forma de alcanzar la Isonomía (la igualdad de los ciudadanos en sus derechos cívicos y en su participación en la vida política). Y es que la Democracia a medias ya sabemos dónde nos lleva (donde nos ha llevado): al desgaste de una Institución Educativa desprestigiada y devaluada con la connivencia de la complicidad social y administrativa.
[1] En la Educación Secundaria Obligatoria se puede repetir una única vez un curso. En el curso académico siguiente, si el alumno suspende más de dos asignaturas, promocionará automáticamente con materias pendientes.
[2] Evidentemente, ésta sería una medida excepcional orientada a aquellos alumnos denominados “objetores escolares”; es decir, alumnos cuyo fracaso escolar se explica por el abandono de los estudios. Claro está que también se incluirían alumnos de conducta disruptiva.
Prof. Sánchez Nombela
